El cannabis y/o sus derivados son legales en alguna medida
en casi 50 países hoy día, pero hace solo 5 años era de solo 13 países
aproximadamente. La gente dice que la experiencia en la industria del cannabis
se gana en “años de perro” ya que el ritmo de cambio y evolución va a la
velocidad de la luz. No ha habido un cambio en cualquier producto agrícola a
esta escala en el último siglo y estamos experimentando el punto de inflexión
de un sector emergente hacia la aceptación general.
Mientras la industria madura, hay dos factores principales
que dictan las reglas y el espacio en el que operan los productores autorizados.
Regulaciones e impuestos.
Regulaciones
Los pioneros…
Nadie quiere reinventar la rueda, pero alguien tiene que ser
el primero. Hay un puñado de países que pusieron la primera piedra para el
marco legal internacional de cannabis y tomaron los retos de crear un sector
regulado masivo sin un punto de referencia. Sus éxitos y tropiezos han dado al
resto del mundo un modelo de aprendizaje.
Canadá
En el 2001 el cannabis de uso médico fue legalizado en
Canadá y en el 2018 el uso adulto responsable fue legalizado en Canadá mediante
la Cannabis Act y regulada por Health Canada. La Cannabis Act es el modelo más
completo y usado en Norteamérica. Esta ley aborda cada paso del cultivo
desde la semilla hasta la venta, importación, exportación, procesamiento,
seguridad, distribución, marketing, empaque, trazabilidad, elegibilidad de
pacientes, etc. Ha sido usada como referencia en varias jurisdicciones en Oceanía
y Estados Unidos debido a su extensa cobertura y aplicabilidad internacional.
El modelo canadiense, sin embargo, tiene algunas
deficiencias. La aplicación de regulaciones de cannabis representa una carga
administrativa muy pesada para Health Canada quien ha luchado para estar al día
con solicitudes de licencia para productores, investigación, inspecciones y
aprobaciones. El lento ritmo de aprobar y regular la distribución legal resulta
en incapacidad para alcanzar la alta demanda nacional con el limitado
suministro de producto legal disponible. La falta de suministro legal doméstico
ha llevado al florecimiento del mercado negro, el cual representa una carga
mayor para los entes reguladores y el ciclo continúa… Adicionalmente, la
excesiva carga fiscal a través de impuestos especiales sobre los valores
minoristas (un problema visto también en California) y las cuotas de licencias
para productores han incrementado la carga financiera tanto para los
consumidores legales como para los productores autorizados.
Uruguay
En el 2014, Uruguay se convirtió en el primer
país en la historia moderna en legalizar el cannabis completamente. La legalización
del cannabis en la región estimuló la conversación sobre reformas en las
políticas de drogas, acceso a medicamentos, derechos humanos y salud pública. Las
ventas minoristas de cannabis son permitidas únicamente en farmacias
autorizadas bajo controles estrictos. El sistema uruguayo tiene un sistema de
registro anónimo de pacientes, limita la cantidad de cannabis que un paciente
registrado puede adquirir por mes (40 gramos) y limita la cantidad de THC que
el producto puede contener para venderse. Los pacientes también pueden unirse a
clubes de cannabis legal o registrarse para cultivar hasta 6 plantas en su
propio hogar. La implementación prudente de regulaciones para manejar el
cultivo y las ventas ha mostrado una resistencia cultural a la producción de
cannabis en Latinoamérica, pero los primeros pasos les han demostrado a otras
jurisdicciones que es posible manejar el cannabis de manera legal.
Sin embargo, ser demasiado cauteloso ha llevado a condiciones restrictivas
que reducen el acceso y aumentan la demanda. Las
farmacias autorizadas que distribuyen productos de cannabis son pocas y
distantes entre sí y debido a que los límites de THC en las flores son bajos,
limita las variedades que se pueden cultivar y vender en el país. Para diciembre de 2018, Uruguay solo tenía dos productores comerciales
con licencia. El cultivo doméstico reduce algunos
problemas relacionados con la oferta, pero es difícil regular la calidad del
producto y garantizar que no haya desvío a los mercados ilícitos. El modelo regulatorio en Uruguay es pionero, pero sufre de condiciones
que crean un acceso extremadamente limitado al cannabis legal y, como
resultado, el mercado negro prospera.
Impuestos
Si bien las encuestas de legalización del cannabis a menudo muestran una
mayoría marginal para la regulación, las encuestas de impuestos sobre el
cannabis a menudo muestran que una abrumadora mayoría de personas está a favor
de aumentar los impuestos de la industria del cannabis. Mientras la idea
de la industria del cannabis financiando escuelas, infraestructura y programas
sociales parece buena, la sobrecarga de impuestos ha sofocado el crecimiento de
la industria, puesto una carga mayor en consumidores legales y, últimamente,
disminuido el ingreso fiscal a pesar de los altos impuestos.
Colorado
Uno de los ejemplos más publicitados de desarrollo social, educativo e
infraestructural gracias al financiamiento por parte del cannabis legal es el
estado de Colorado. Este modelo utiliza:
● Un impuesto al consumo del 15% sobre la
marihuana mayorista minorista que va directamente a un fondo especial de
escuelas públicas.
● Un impuesto especial de ventas del
15% sobre la marihuana minorista que se divide de tres maneras entre un Fondo
de Escuelas Públicas del Estado, un Fondo General y el Fondo Fiscal en Efectivo
de Marihuana que cubre los costos operativos departamentales del programa de
cannabis.
● Un impuesto estatal regular del
2.9% sobre las ventas de marihuana medicinal y minorista.
El esquema fiscal
anterior divide la carga financiera entre consumidores y productores mientras
asegura que los ingresos se asignen a programas de desarrollo social
específicos. Debido a que estos ingresos van directamente a fondos asignados
que han sido dedicados a cubrir costos departamentales operacionales y proyectos
de desarrollo social, pueden ser fácilmente distribuidos, rastreados y
presentados al público.
Mientras el
modelo de colorado tiene una estructura fiscal fuerte, transparente y sencilla
con una distribución clara de los fondos, otros estados luchan para ganar un
punto de apoyo del mercado en la industria del cannabis. California, por ejemplo,
ha caído muy por debajo de las proyecciones de
ingresos fiscales para 2018 y continúa luchando con un próspero mercado ilícito.
Cuando se toman en cuenta todos los impuestos, los negocios de cannabis podrían
pagar hasta un 45% en California, poniendo una carga excepcional en las
operaciones legales y sofocando el crecimiento. A medida que se aproxima la
legalización federal, una carga fiscal incluso más alta será puesta sobre la
industria del cannabis, hiriendo al sector y empujando a más consumidores al
mercado negro. Los reguladores deben ser consientes del impacto de los impuestos
en el sector del cannabis y asegurar que no estén llevando las operaciones de
este a la quiebra. A medida que avanza la industria, las estructuras fiscales
se adaptarán a las necesidades del mercado o los negocios se irán a jurisdicciones
con impuestos más flexibles a medida que se eliminen las barreras comerciales.
Las jurisdicciones han tenido un período de tiempo muy corto para implementar regulaciones y estructuras fiscales y tienen un largo camino por recorrer dentro de los principales mercados, sin mencionar internacionalmente. Con cualquier nuevo sector económico, el primer conjunto de estructuras reguladoras son pruebas para adaptarse a medida que las empresas y los consumidores expresan sus necesidades. El mercado está evolucionando rápidamente y los reguladores tendrán que mantener el ritmo a medida que cambien las demandas. Hoy en la industria estamos viendo el punto de inflexión internacional del cannabis y un futuro increíblemente emocionante para esta planta infinitamente versátil.
Por Bryan Goldner – Gerente de Regulación – LATAM, TheraCann International
